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Con el despliegue de tanques militares, presencia de tropas federales y la implementación de zonas restringidas bajo jurisdicción del Departamento de Defensa, autoridades estadounidenses presentaron esta semana un robusto operativo para reforzar el control fronterizo en el sector El Paso, como parte de la estrategia nacional “Sur Profundo”.
En una rueda de prensa realizada en las inmediaciones del muro fronterizo, representantes de la Patrulla Fronteriza, del Ejército y de la Fiscalía Federal destacaron la activación de las llamadas Áreas de Defensa Nacional (NDA, por sus siglas en inglés), donde toda entrada no autorizada es considerada una violación federal. La medida, según indicaron, ha logrado reducir los cruces irregulares en más de un 90 % en la región.
“Estamos utilizando todas las herramientas legales y logísticas a nuestro alcance para asegurar la frontera. Las NDA no son simbólicas, tienen consecuencias jurídicas claras para quien las infringe”, sostuvo Justin R. Simmons, fiscal federal interino del Distrito Oeste de Texas.
El jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Walter N. Slosar, explicó que quienes sean detenidos cruzando ilegalmente por estas zonas enfrentarán no solo cargos por ingreso no autorizado, sino también acusaciones adicionales por violar un área de defensa militar. “La advertencia está dada: si alguien decide cruzar ilegalmente, debe estar preparado para afrontar consecuencias más severas que antes”, declaró.
El operativo, respaldado por el despliegue de vehículos blindados como el Stryker M1126 y elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur, forma parte de una estrategia coordinada entre el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa, la cual fue impulsada y expandida desde la administración anterior.
Pese a la contundencia del mensaje oficial, las acciones no han estado exentas de controversia. Grupos civiles, activistas y líderes comunitarios han manifestado su preocupación por la creciente militarización de la frontera y el posible impacto sobre los derechos humanos de los migrantes.
“El problema no es de seguridad nacional, es de derechos humanos. No podemos criminalizar la migración y menos aún militarizarla”, expresó el ex senador estatal José Rodríguez, uno de los críticos más visibles de esta estrategia.
Como respuesta a esas críticas, las autoridades aseguraron que más de mil 300 letreros bilingües han sido colocados para advertir sobre las restricciones en las NDA y que todo migrante detenido es notificado y firma un documento de advertencia legal. Además, se anunció el lanzamiento de una campaña informativa internacional, en conjunto con el Departamento de Estado, para disuadir a posibles migrantes de intentar ingresar al país por estas zonas de alto riesgo legal.
“Queremos prevenir tragedias y evitar que los migrantes caigan en manos de redes de tráfico humano. Este no es solo un tema de control fronterizo, es una cuestión de seguridad nacional”, puntualizó Simmons.
Las Áreas de Defensa Nacional abarcan extensiones de instalaciones como Fort Bliss, en Texas, y Fort Huachuca, en Arizona, y operan bajo una directiva militar que busca no solo impedir cruces ilegales, sino también disuadir a quienes consideran emprender ese camino.
El mensaje oficial es claro: la frontera sur de Estados Unidos no solo está más vigilada, sino ahora también blindada.
