La Asociación de Jubilados y Pensionados del Municipio de Juárez vive momentos de indignación y tensión interna, luego de que se hiciera público que dos exregidores del Ayuntamiento —José Alfredo Ramírez Rentería y Ma. Eugenia García Hernández— recuperaron pensiones “estratosféricas” que habían sido suspendidas por presuntas irregularidades, despertando el repudio generalizado entre jubilados que por años han trabajado con bajos salarios y condiciones precarias.
Los inconformes acusan que las pensiones de entre 300 mil y 500 mil pesos anuales, libres de impuestos, fueron obtenidas mediante fraude procesal, tráfico de influencias y el aprovechamiento indebido de sus cargos como funcionarios de elección popular. “Mientras en Querétaro se castiga a quienes abusan del sistema de jubilaciones, aquí en Chihuahua se les premia y se legalizan sus abusivas acciones”, comentó un jubilado indignado que pidió reservar su identidad.
La molestia se disparó cuando ambos exregidores comenzaron a presentarse nuevamente en las reuniones de la Asociación, presumiendo la restitución de sus pensiones como si se tratara de un logro admirable. Según versiones de los propios jubilados, los beneficiarios habrían hecho pasar como antigüedad laboral los tres años que ocuparon su cargo como regidores, a pesar de que el Artículo 5 del Reglamento de Pensiones y Jubilaciones del Municipio de Juárez prohíbe explícitamente que el presidente municipal, los regidores y el síndico aporten al fondo de pensiones, ya que su función es de carácter político-electoral y no laboral.
“Es ofensivo. Nosotros trabajamos toda una vida y nos dan pensiones que apenas alcanzan para sobrevivir, mientras ellos, en tres años y sin cumplir los requisitos, se llevan cantidades millonarias”, declaró otro jubilado que formó parte del movimiento que denunció este caso hace cinco años ante la administración del entonces alcalde Armando Cabada Alvídrez.
Fue esa misma administración la que ordenó la suspensión de las pensiones y consignó el expediente ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), argumentando irregularidades claras. Sin embargo, en una polémica decisión reciente, el magistrado Alejandro Tavares Calderón del TEJA ordenó la restitución de los pagos sin que se aclararan los motivos que justificaran esa resolución, generando dudas sobre posibles actos de corrupción dentro del propio tribunal.
Ante la polémica, este medio intentó obtener la postura del presidente de la Asociación de Jubilados, quien inicialmente se reservó sus comentarios, aunque más adelante admitió que, de confirmarse los señalamientos, “sería gravísimo, por lo delicado que es haber adquirido un pago vitalicio de manera fraudulenta y sin merecerlo”. No obstante, subrayó que la Asociación no tiene facultades legales para suspender, investigar o revocar jubilaciones, ya que esa responsabilidad recae en las autoridades municipales y estatales.
La situación ha provocado un llamado urgente para que el Ayuntamiento de Ciudad Juárez interponga una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, con el objetivo de abrir una investigación penal por presuntos delitos como fraude procesal, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y daño patrimonial al erario público. Además, se espera que se denuncie también ante el órgano de control del TEJA por la emisión del acuerdo de restitución que jubilados califican como “cosa juzgada fraudulenta”.
“El dinero público no debe ser botín político”, concluyó un integrante de la Asociación. “Estos actos deben ser sancionados con todo el peso de la ley, no sólo para hacer justicia, sino para evitar que el sistema de pensiones siga siendo vulnerado por intereses personales”.
Por ahora, la comunidad de jubilados se encuentra organizando una posible manifestación y solicitando la intervención de la Auditoría Superior del Estado para auditar este caso. La exigencia central es clara: justicia, rendición de cuentas y el fin de privilegios disfrazados de derechos.